Los beneficios de aplicar políticas de Estado

Carlos Cruz

Una de las buenas noticias que se han difundido en el último tiempo es la cantidad de proyectos de inversión privada para prestación de servicios digitales orientados a satisfacer demandas nacionales y extranjeras. De llevarse a cabo estas inversiones, Chile poco a poco puede constituirse en un nodo de servicios digitales para la región, aumentando en forma significativa la eficiencia de nuestra economía local y el valor agregado de nuestras exportaciones.

Este proceso es el resultado, entre otros, de la política de inversión en infraestructura digital que se ha venido llevando a cabo durante los dos últimos gobiernos, al menos, y a la profundización de estas inversiones en el futuro cercano. Primero fue la fibra óptica austral, luego, la fibra óptica nacional. Lo que queda es la fibra óptica hacia el Asia y la materialización del 5G en el país. De esta forma se podrá asegurar capacidad de conexión de alta calidad en el territorio nacional y con sus principales socios comerciales, como son China y los países asiáticos.

Falta asegurar la plena cobertura, de modo que el creciente proceso de digitalización no se transforme en una nueva brecha que luego debamos lamentar. Queda demostrado así que políticas de Estado de estas características tienen una buena acogida por parte del sector privado y son una fuente de aumento de nuestra competitividad, tan alicaída en los últimos años.

Iniciativas de esta naturaleza podrían replicarse en otras áreas de la actividad económica, como por ejemplo en el caso de los recursos hídricos. Los problemas de gestión del agua en las diferentes cuencas, y la sequía que afecta a Chile, están poniendo en riesgo nuestra capacidad de dar cuenta de la tremenda demanda de productos agroalimentarios que se deja sentir desde China y otros países asiáticos. Todavía es posible avanzar en tecnificación y un mejor uso de las aguas disponibles, pero es claro que eso tiene un límite: no hay más agua de la que la naturaleza nos provee y su uso intensivo permite.

Sin embargo, un gran desafío que debiéramos enfrentar como país es cómo aumentar la oferta de agua en las zonas de mayor productividad agroindustrial. Por el solo hecho de no contar con agua suficiente durante 2020 el país dejó de exportar más de US$ 1.500 millones en productos agroalimentarios.

Una alternativa es trasvasar agua de cuencas abundantes hacia cuencas deficitarias y otra es la desalación de agua de mar. Dada la dispersión de la demanda de los posibles usuarios; el potencial económico individual de cada uno ellos; los montos de inversión requeridos para alcanzar volúmenes significativos y las economías de escala que se alcanzarían, es que se necesita un involucramiento del Estado para generar una posibilidad cierta de aumentar la oferta de recursos hídricos. No creemos que, en este caso, sea el mercado el que vaya a resolver la pérdida de disponibilidad del recurso. De esperar que sea su “mano invisible” la que opere, lo que progresivamente sucederá es el desplazamiento de las actividades productivas hacia zonas de mayor disponibilidad de agua, con un efecto muy lamentable para las regiones hoy afectadas por la situación de escasez.

El diseño de una regulación clara para promover las inversiones privadas y una política de subsidios para quienes tengan más dificultades de acceso debiera tener un impacto muy importante en dotarnos de un sector agroalimentario que, progresivamente, pueda nivelar el rol que hasta ahora ha tenido la minería en nuestra oferta de exportaciones.